Desde el momento en que la comunidad de propietarios, a través de su
Junta general, decide nombrar un Administrador profesional con el
encargo de gestionar sus elementos, servicios e instalaciones comunes,
surge entre ambas partes una relación contractual de la que se deriva un
complejo entramado de derechos y obligaciones.
En la presente obra se abordan, entre otras cosas, la naturaleza de la relación –como contrato de mandato sui generis-,
los sistemas de nombramiento, los problemas que surgen a la hora de
formalizar el contrato por escrito, las posibles cláusulas abusivas, las
diferentes modalidades de Administrador profesional entre las que puede
optar la comunidad de propietarios –personas físicas o sociedades
profesionales-, la sustitución entre Administradores, el traspaso de la
cartera de clientes, las consecuencias de la falta de cualificación
profesional o de colegiación, la incidencia de la “Ley Paraguas” y,
especialmente, de la "Ley Ómnibus" en su ejercicio profesional; las
funciones que debe llevar a cabo en su quehacer diario, muchas de ellas
de nuevo cuño, como la protección de datos de carácter personal, el
deber de información a los propietarios, el asesoramiento profesional o
la representación; la responsabilidad civil que asume por el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso o tardío de sus obligaciones;
o, para concluir, las importantes consecuencias que surgen para ambas
partes tras la extinción del contrato, como la obligación de indemnizar
al Administrador cuando se le cesa anticipada e injustificadamente; los
efectos de su posible renuncia; la forma, tiempo y lugar de la rendición
de cuentas y de la restitución de la documentación a la comunidad, el
derecho de retención, o la liquidación de los honorarios profesionales,
por significar tan sólo algunos destacados aspectos que, de forma
exhaustiva, se tratan en esta monografía, todo ello con apoyo en la
última jurisprudencia existente al respecto.
El lector tiene entre
sus manos una moderna, completa y actualizada obra sobre una materia
que, a su rigor académico, añade un indiscutible valor
jurídico-práctico, no sólo para los Administradores de Fincas, sino, en
general, para todos aquellos profesionales del Derecho que deseen o
tengan la necesidad de aproximarse a este tema.